Representantes de dos de las principales organizaciones empresariales del país señalaron ayer que la corrupción, tanto en el sector público como en el privado, afecta a la sociedad y el desarrollo de los países y consideraron que para enfrentarla todos deben ser tratados por igual.
“La corrupción es un tema de suma importancia en todos los sectores. Lo importante es que todos, todos, tengamos el mismo tratamiento en la justicia. No es un tema de humildad o no humildad, es que todos deben ser tratados igual”, planteó el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Raúl Hoyo.
El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), César Dargam, consideró que en el país deben fortalecerse los mecanismos para la persecución de la corrupción y también lograr las sanciones correspondientes en los casos en que proceda.
“Desde el CONEP entendemos que debe haber tolerancia cero a la corrupción”, expuso Dargam.
Las declaraciones de estos líderes empresariales se produjeron en reacción a las declaraciones del obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, quien en el Desayuno de LISTÍN DIARIO manifestó que en el mismo Estado se ha llegado a ver con normalidad la corrupción.
Mejía declaró también que al parecer aquí la justicia sólo se aplica a la gente más humilde y más sencilla, porque “a los que se roban medio Estado no les pasa nada”.
Un problema regional de gran magnitud
Al dictar una conferencia con motivo de la celebración del “Día nacional de prevención del lavado de activos” la representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Mónica Mendoza, señaló que el lavado de activos derivado de la corrupción podría desplazar el fenómeno de las drogas como la principal fuente de recursos ilícitos.
Mendoza refirió que en la región hay muchos países que no tienen el problema del tráfico de drogas, pero casi todos están enfrentando o han enfrentado algún caso de corrupción.
En el informe “Las personas y la corrupción: América latina y el Caribe”, publicado recientemente por la organización Transparencia Internacional, se establece que los gobiernos de la región deben fortalecer las instituciones que participan en la detección, la investigación y la condena de delitos vinculados con la corrupción; que deben evaluar la posibilidad de difundir las decisiones judiciales a través de internet, a fin de permitir que la sociedad civil, los medios de comunicación y los ciudadanos examinen y cotejen las sentencias; eliminar la inmunidad política en los casos relacionados con corrupción, entre otras recomendaciones.
“La población desea ver que funcionarios públicos reciban las sanciones correspondientes por los delitos que hayan cometido”, establece el informe.
Fuente: Listin Diario
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