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27 de octubre de 2017

Indotel establece prestadoras deben transferir al usuario saldos no consumidos


SANTO DOMINGO. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) emitió una resolución que ordena a las prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones transferir cualquier balance pagado por el usuario que haya quedado pendiente de consumir, por hasta tres meses.

La resolución 062-17, mediante la cual dictó el reglamento sobre los derechos y obligaciones de los usuarios y las prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, estuvo precedida por un proceso de consultas públicas que inició en mayo pasado, a los fines de reforzar y garantizar el régimen de protección de los consumidores de telefonía, internet y televisión por suscripción en el país.

Mediante un comunicado de prensa, Indotel asegura que con este reglamento se reconocen derechos básicos de los usuarios y prestadoras, al tiempo que establece las obligaciones básicas. Asimismo se refuerza y garantiza el régimen de protección de los consumidores, en adición a los previstos en las leyes vigentes y las normativas aplicables.

La resolución motiva que los saldos se transfieran por hasta tres meses debido a que dicho plazo “busca un balance entre el hecho de que el saldo no consumido ha sido ya pagado por el cliente, pero a su vez existen elementos técnicos y comerciales que afectan la capacidad de la prestadora de poder prestar el servicio en cualquier momento del tiempo, sin forma de prever la cantidad demandada, y bajo las condiciones de calidad exigidas, así como la posibilidad de cubrir los costos de mantener una línea activa aun cuando no realice consumos o genere nuevos ingresos”.

Por otro lado, la norma precisa que “un plazo mayor a 3 meses contravendría otras regulaciones en las que requieren la utilización del servicio en los últimos 90 días, pues de lo contrario las líneas se considerarán inactivas; lo cual permite un control y administración responsable de los recursos numéricos y así como atender a otras preocupaciones de seguridad ciudadana”.

Las regulaciones vigentes reconocen el derecho a cobrar cargos vinculados a la reconexión del servicio, particularmente en casos en que el servicio ha sido suspendido por el incumplimiento de las obligaciones de pago por el usuario.
Igualmente establece que el balance transferido deberá ser el primero en aplicarse al momento de consumirse el servicio, lo cual redunda en beneficio del consumidor. Indotel explica la razonabilidad de que el saldo consumido sea protegido por hasta tres meses y rechazó por tanto las solicitudes de las prestadoras de que la transferencia sea por tan sólo un mes.

Además de asegurar el traspaso de los saldos no consumidos por hasta 3 meses, comúnmente llamado “rollover”, la regulación dictada por Indotel establece el período de prueba de 7 días de los servicios contratados, los topes a las penalidades por terminación anticipada del contrato, el derecho a trasladar el servicio a un nuevo domicilio, así como el derecho a exigir que se mantenga la tarifa acordada durante el período de duración mínima de contrato, evitando así los aumentos unilaterales de tarifas por parte de las prestadoras.

En ese tenor, las regulaciones vigentes reconocen el derecho a cobrar cargos vinculados a la reconexión del servicio, particularmente en casos en que el servicio ha sido suspendido por el incumplimiento de las obligaciones de pago por el usuario.


“La norma de Indotel se extiende a los distintos servicios de telecomunicaciones y formas de contratación. Es decir, cubrirá los servicios contratados en las formas de postpago y prepago, así como los saldos y balances para llamadas, SMS, servicios de datos, etc.”, establece el órgano regulador.

Resalta que esta regla “supera el alcance del proyecto de Ley aprobado el pasado miércoles en el Senado que se limita a los minutos para servicios de telefonía prepaga”.

La entrada en vigencia del Reglamento aprobado se estableció en 6 meses, lo cual rechaza las solicitudes por parte de las prestadoras de postergar la aplicación por un año, enfatiza el Indotel.

Detalla que el órgano regulador entendió que este tiempo era el suficiente para hacer todos los cambios en los sistemas de las prestadoras, adecuaciones de sus procesos y productos y la modificación de sus contratos de adhesión.

Indica que los derechos de los usuarios que desarrolla esta normativa incluyen aquellos sobre la libertad de elección; el acceso a información; la facturación; la continuidad y calidad del servicio; sobre las reclamaciones; la suspensión temporal del servicio; a la privacidad y protección de sus datos personales; a la no discriminación y sobre el tratamiento de los saldos no consumidos.

“Cabe destacar –agrega el documento de prensa del regulador- que los contratos de telecomunicaciones, una vez cumplido el período mínimo de duración, mantienen su vigencia sin necesidad de renovación, por lo que sujetar la norma al vencimiento de los contratos la podría volver inoperante.

La resolución fue aprobada por los miembros del Consejo Directivo del Indotel, integrado por José Del Castillo Saviñón, presidente; los consejeros Fabricio Gómez Mazara, Marcos Peña Rodríguez, Nelson Guillén Bello, Katrina Naut e Yván Rodríguez, miembro ex oficio, en representación del Ministro de Economía, Planificacion y Desarrollo.

Sobre el proceso de aprobación
El 18 de enero de 2017, el Consejo Directivo del INDOTEL aprobó, dentro de la agenda regulatoria para el 2017, la realización de la norma sobre Derechos y Obligaciones de los Usuarios y Prestadoras de Servicios Públicos de Telecomunicaciones.

Luego, el 24 de mayo mediante la Resolución del Consejo Directivo No. 024-17, se inició el proceso de Consulta Pública con los actores del sector, para dictar el “Reglamento que establece los derechos y obligaciones de los usuarios y prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones”.

Agotados estos procesos, en la sesión del Consejo Directivo celebrada el pasado 25 de octubre, se aprobó, de manera definitiva, la Resolución 062-17 cuyo contenido tomó en consideración cada uno de los comentarios emitidos por el sector.

5 de julio de 2016

Indotel, OEA y sectores inician este miércoles revisión de la estrategia nacional de seguridad cibernética


El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), comenzará la revisión a partir de miercoles 6 del borrador de la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética, con miras entre otros objetivos, a instalar el Centro  de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CSIRT) en el país.

La actividad, que se extenderá de 8:30 de la mañana a las 4:00 de la tarde y del 6 al 8 de este mes, tendrá lugar en el salón Andrómeda del hotel Barceló Santo Domingo y en el salón multiuso del órgano regulador.

Participarán técnicos del Indotel y de los sectores privado, publico, académicos y de otras áreas ligadas a la seguridad informática en el país.

El evento se  iniciará con la presentación del borrador, los comentarios y sugerencias sobre el proyecto de Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética y líneas de acción. Luego, los sectores financieros, fuerzas del orden, judiciales y fiscales, el sector privado, empresas de tecnologías (TIC), Cámaras de Comercio y las ONG presentarán sus comentarios y sugerencias acerca de esta iniciativa.

También, los operadores de telecomunicaciones, de infraestructuras críticas y administración pública, así como el sector académico.

En ese sentido, el sector privado en sus recomendaciones generales considera positivo “trabajar con el gobierno para encontrar soluciones comunes a los problemas de seguridad cibernética”.

“La estrategia debe garantizar que, si bien promueve la colaboración público-privada, debe existir un marco estructurado para el intercambio de información y el intercambio seguro de datos”, señalan las sugerencias del señalado sector.

El Indotel coordina el Proyecto Marco Nacional de Seguridad Cibernética, que tiene por finalidad garantizar y promover el uso seguro de las redes y los sistemas de información a través del fortalecimiento de las capacidades nacionales de prevención, detección y respuesta a los  ciberataques.

En ese sentido, el Indotel, en representación del Estado, ha firmado un convenio con la Organización de los Estados Americanos (OEA) a través del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE),  que persigue la Elaboración de la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética y la Instalación de un Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CSIRT, por sus siglas en inglés).

Al respecto, el sector privado expresó estar  dispuesto a compartir información, pero que debe hacerse en un marco confidencial seguro y claramente definido”.  Indica que “también tienen la voluntad de cumplir con normas, de modo que se debe capitalizar en un acuerdo de colaboración”.

“Estas recomendaciones se basan en la información de referencia obtenida de las respuestas recibidas de la toma de muestras de los interesados y la información recibida durante la visita al sitio”, precisa el Indotel.

Destaca que hay una necesidad de contar con un punto de contacto para la seguridad cibernética nacional y que “este punto de contacto sería el impulsador y coordinador de la estrategia y coordinaría las gestiones tanto nacionales como regionales para la mejora de la imagen de seguridad cibernética en República Dominicana”.

Las recomendaciones resaltan el posible impacto que pueden tener los incidentes de seguridad cibernética en el desarrollo económico del país. Agrega que, “sin embargo, las recomendaciones reconocían que “si se revelaba información sobre violaciones en el sector privado, su imagen podría verse afectada”.

“Por lo tanto, la estrategia promoverá el intercambio confidencial y seguro de información entre los sectores público y privado”, enfatiza.

Plantean que “Inicialmente, este intercambio se centrará en establecer una mirada situacional de la realidad de la seguridad cibernética del país y en construir una base de datos de amenazas comunes y soluciones”.

Las recomendaciones recogidas entre los participantes, señala que existe una necesidad inmediata de preparar una lista de las infraestructuras críticas y una lista adjunta de los sistemas de información crítica.

Explican que “esto formará la base para el desarrollo de un plan nacional de gestión de riesgos y un plan de respuesta a la crisis cibernética nacional”.

Consideran que se necesita una campaña educativa para entregarle información al público con respecto a la legislación sobre delito informático y el procedimiento de una investigación, y que incluya el por qué puede ser diferente de un crimen tradicional.

“Muchas personas han indicado que a veces los casos de delitos informáticos fracasan porque las personas temen la revelación de su información personal, incluyendo su identidad”,  indica el informe preliminar, y agrega: “Es necesario que haya un análisis de la situación para permitir el desarrollo de recomendaciones muy específicas para abordar las áreas de interés de las víctimas”.

Plantean que el sector de infraestructura crítica se orienta hacia la aplicación de los planes de mitigación y recuperación y que, por lo tanto, una vez establecido el CSIRT nacional, el cual debe tomar en cuenta los planes de mitigación.

Además, que se debe adoptar un enfoque sectorial en la identificación de riesgos específicos al sector y opciones de recuperación que asegurará la continuidad del negocio y un tiempo mínimo de inactividad.