Se calcula que anualmente entran al mercado latinoamericano 43.000 millones de cigarrillos ilegales, lo que equivale a un 18 % del mercado, es decir que 1,8 de cada diez cigarrillos vendidos en la región es ilegal, según fuentes del sector consultadas por Efe.
La contracara son las sumas millonarias que mueve este negocio ilegal con ramificaciones en todo el mundo, incluso en países como Estados Unidos, donde los cigarrillos ilícitos representan el 6,4 % del mercado de ese producto, según el último "atlas" de la Fundación Pulmonar Mundial, con sede en ese país.
Los perjudicados no son solo los organismos responsables de recaudar impuestos, sino las empresas tabacaleras y los miles de pequeños comerciantes que venden productos del tabaco legales.
Las fuentes del sector consultadas por Efe cifran en unos 3.000 millones de dólares al año la pérdida fiscal, tomando en cuenta que en promedio un paquete de cigarrillos en América Latina paga 1,5 dólares en impuestos.
Según el Atlas del Tabaco 2012, en América Latina el país en el que más porción del mercado tienen los cigarrillos ilícitos es Costa Rica con un 47,5 %, seguido de Bolivia (45 %), República Dominicana (29,5 %), Panamá (28,5 %) y el país con la más estricta legislación antitabaco de la región, Uruguay (22,6 %).
La mayoría de los cigarrillos ilícitos incautados en Latinoamérica proviene de China, pero hay países latinoamericanos que tampoco están libres de culpa, según el peruano Lindon Vela Meléndez, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y gerente general de la Cámara de Comercio y Producción.
Paraguay es el país proveedor de cigarrillos contrabandeados y falsificados más importante de Latinoamérica, señaló Vela en una entrevista con Efe vía internet.
Las fábricas de Paraguay tienen "una capacidad de producción de aproximadamente 40.000 millones de cigarrillos, mientras que el consumo interno de cigarrillos se estima solamente en los 2.500 millones de cigarrillos", manifestó.
"Las exportaciones declaradas legalmente son aproximadamente 4.000 millones lo que deja una cantidad sorprendente de 33.500 millones de producción no documentada".
"En la realidad, estos cigarrillos son contrabandeados a Argentina y a Brasil por el Río Paraná; viajan por Bolivia por carretera hacia Chile y Perú o son transportados por mar a Panamá y al Caribe y desde allí a otros países de Suramérica en donde son distribuidos ilegalmente", agregó.
El auge de este negocio ilícito en Latinoamérica se debe, a juicio del experto peruano, entre otras razones a los incrementos excesivos y repentinos de impuestos al tabaco, las diferencias en el tratamiento fiscal de los cigarrillos que existen entre países vecinos, la permisividad ante el contrabando y la falsificación, y los "vacíos legales" en las zonas francas.
"La experiencia demuestra que mientras se incrementan los impuestos de los cigarrillos, la incidencia del contrabando es mayor", subrayó.
Panamá es un ejemplo perfecto, según Vela Meléndez.
Luego de tres aumentos de impuestos fuertes en 2009, pasó de ser un país utilizado por delincuentes para el tránsito de cigarrillos de contrabando a un país "afectado en forma significativa porque los cigarrillos contrabandeados son vendidos en el mercado doméstico".
Según el experto, las ventajas de la Zona Libre de Colón son usadas abusivamente para redistribuir cigarrillos ilícitos principalmente a América Central y del Sur.
En Perú el principal problema es el comercio de cigarrillos genuinos pero introducidos ilegalmente en el país y hay poca incidencia de producto falsificado.
Para Gerardo Velázquez, director del Instituto Mexicano de Impulso de Abarrotes y Misceláneas (IMICAM), con 120.000 pequeños comerciantes afiliados, es preocupante "la proliferación" de los productos ilegales en México en los últimos dos años.
Velázquez señaló a Efe que según diversas fuentes alrededor del 17 % de los cigarros que se venden en el país tienen su origen en el contrabando y más de 120 marcas de cigarrillos ilícitos se comercializan en el país sin los permisos que establecen las leyes.
También este líder empresarial considera que es necesario "evitar regulaciones que incentiven las prácticas ilegales" y al tiempo que las autoridades se comprometan "en una agenda conjunta con los sectores industriales."
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